Una propuesta que permite mantener en el anonimato a los jueces en los casos clasificados como de «alto riesgo» ha suscitado inmediatamente el recelo de la opinión pública. ¿Hasta qué punto es «alto riesgo»?
¿Quién lo decide? ¿Qué criterios se aplican para controlarlo? Si la respuesta sigue estando envuelta en conceptos vagos, el público tiene derecho a preguntarse: ¿se está protegiendo a los jueces frente a riesgos reales o se está creando, sin querer, una cortina de humo adicional en torno al poder judicial?
Es necesario proteger a quienes imparten justicia, sobre todo ante amenazas graves. Pero proteger no significa convertir en secreto la identidad de quien dicta la sentencia. Una sentencia puede afectar directamente a la libertad, los bienes y el destino de una persona. En ese caso, la responsabilidad de quien imparte justicia debe ser lo suficientemente clara como para que la sociedad pueda ejercer su control. Si se considera que una sentencia es errónea, los ciudadanos deben conocer los mecanismos para presentar reclamaciones, realizar verificaciones y exigir responsabilidades, en lugar de enfrentarse a una «máscara jurídica».
Lo irónico es que, si bien se espera que los tribunales sean el lugar donde la justicia se ilumina con las pruebas y la controversia, cuantas más capas de secretismo se erigen, más difícil resulta que esa luz penetre. Por supuesto, no se puede reducir simplistamente todas las medidas de protección a un «encubrimiento de la responsabilidad»; pero cuanto más limite una política la capacidad de identificación y supervisión, más necesario es que cuente con las correspondientes garantías de transparencia. Porque si la justicia debe protegerse con la oscuridad, la pregunta final será: ¿quién protegerá a los ciudadanos cuando sean ellos mismos quienes necesiten protección frente a una sentencia
